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Mito: La ciudadanía fue impuesta a los puertorriqueños por Estados Unidos en 1917.
La Verdad: Desde principios del siglo 20, los puertorriqueños lucharon por obtener la ciudadanía estadounidense y fue como resultado de los esfuerzos que realizaron tales patriotas como Luis Muñoz Rivera, José Celso Barbosa, José de Diego, Santiago Iglesias y Federico Degetau que la ciudadanía fue ortorgada por el Congreso de los Estados Unidos en 1917 en forma colectiva y voluntaria, dándoles seis meses a aquellos que no la deseaban para radicar ante una tribunal su deseo. Del millón doscientos mil habitantes en la isla en aquel entonces, solamente 288 declinaron la ciudadanía. Sin embargo, más tarde, la mayoría de ellos cambiaron de opinión y les fue otorgada la ciudadanía estadounidense por medio de una legislación especial al efecto del Congreso de los Estados Unidos.
Mito: La ciudadanía estadounidense fue otorgada para poder reclutar a los puertorriqueños en 1917 para servicio militar de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial.
La Verdad: Como ya se ha indicado, mucho antes de 1917, en 1905, el presidente Teodoro Roosevelt pidió al Congreso la ciudadanía estadounidense para los puertorriqueños, pero más importante es el hecho de que la ciudadanía estadounidense no es requisito para servir en las fuerzas armadas de Estados Unidos. Todo residente en Estdos Unidos está sujeto por ley a servicio militr en caso de una emergencia.
Mito: La ciudadanía estadounidense es revocable.
La verdad: La ciudadanía es estatutoria, otorgada por ley del Congreso, no es revocable, porque una vez otorgada se convierte en un derecho constitucional adquirido. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado que la doctrina, al efecto de que lo que el Congreso otorga lo puede quitar, no se aplica a derechos constitucionales adquiridos, como es el caso de la ciudadanía. La ciudadanía estadounidense solamente se pierde si se renuncia a ella o se comete traición contra Estados Unidos.
Mito: Si un puertorriqueño renuncia a la ciudadanía estadounidense, tiene derecho a la ciudadanía puetorrirqueña y a un pasaporte puertorriqueño.
La Verdad: Mientras Puerto Rico siga bajo la bandera de Estados Unidos, la ciudadanía puertorriqueña existe solamente para efectos de residencia y no tiene validez jurídica, ni reconocimiento internacional. Sin embargo, si Puerto Rico llegase a ser una república independiente, entonces los puertorriqueños podrían reclamar la ciudadanía y pasaporte de Puerto Rico, que serían jurídica e internacionalmente aceptables y reconocidas.
Mito: En caso de que Puerto Rico se convierta en una república independiente, los puertorriqueños podrán gozar de una ciudadanía doble (estadounidense y puertorriqueña).
La Verdad: El 7 de febrero de 1991, en una vista del Senado de Estados Unidos, sobre un propuesto referendo sobre estatus en Puerto Rico, el entonces Secretario de Justicia de Estados Unidos, Richard Thornburgh, estableció claramente la posición de Estados Unidos en contra de la ciudadanía doble. Señaló que no serviría a los mejores intereses de la nación otorgar una doble ciudadanía en otra nación independiente cuyos habitantes eran en su totalidad ciudadanos de Estados Unidos. Indicó también que aun en el caso de que Puerto Rico se convirtiese en una república independiente, a los residentes de Puerto Rico se les obligaría a escoger entre la ciudadanía de Estados Unidos y la ciudadanía de la nueva república.
Existen algunos casos aislados de ciudadanía doble tolerados actualmente por el Congreso de Estados Unidos. Pero éstos son casos excepcionales en que, por ejemplo, una persona puede tener una ciudadanía por razón de haber nacido en un país y en otros casos por la ciudadanía de sus padres.
Debo destacar que aun en un pacto de libre asociación con Estados Unidos, la doble ciudadanía no sería otorgada. Tal fue el caso de los pactos de libre asociación entre Estados Unidos y las islas en el Pacífico de Marshall, Micronesia y Palau, dentro de los cuales la soberanía y el absoluto gobierno propio de las islas fueron reconocidos por Estados Unidos y las Naciones Unidas. Los habitantes de estas islas no son ciudadanos de Estados Unidos. Las islas tienen el control de sus relaciones exteriores, tienen la libertad de negociar tratados con otras naciones, tienen su propio cuerpo consular y diplomático y son miembros de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, y las leyes de Estados Unidos no se aplican a ellas. De hecho, son repúblicas asociadas.
Los pactos de libre asociación son tratados entre naciones independientes y soberanas y aquellos que promueven un pacto de libre asociación con Estados Unidos no le dicen a nuestro pueblo que Puerto Rico tiene que ser primero independiente y soberano antes de entrar en dicho pacto, y que la ciudadanía doble no se concedería. La libre asociación con una nación independiente y soberana es una
opción reconocida de estatus político dentro de las disposiciones de la Resolución 1541 de las Naciones Unidas en 1960, la cual Estados Unidos firmó con otras naciones miembros de las Naciones Unidas. Otras opciones reconocidas de estatus político para la descolonización de la colonia es la independencia solvente y la integración de una colonia a una nación independiente y soberana, como sería, por ejemplo, el caso de la integración de Puerto Rico a Estados Unidos como estado de la unión.
Aunque no directamente relacionado con la ciudadanía de Estados Unidos, existe otro mito que tenemos que erradicar de nuestro escenario político. Me refiero al mito de que si Puerto Rico fuese un estado de Estados Unidos, el idioma oficial de la isla sería el inglés porque el inglés es el idioma oficial de Estados Unidos.
La verdad es que el inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos. El asunto del idioma oficial se dejó constitucionalmente a los estados de la unión para su decisión al respecto dentro de la soberanía que reservaron para ellos cuando entraron a la unión federada. Si bien es verdad que algunos estados han decidido que el inglés es el idioma oficial del estado, otros no lo han hecho.
Tomado de El San Juan Star, 11 de marzo de 2002, pág. 20. |
